Solo aquellas sociedades que respetan los derechos fundamentales de sus ciudadanos tienen garantizada la paz social, por ello el reconocimiento de la dignidad humana se convierte en la norma básica de toda convivencia. El bienestar de los ciudadanos se logra, en primer lugar, respetando su libertad y eliminando discriminaciones y arbitrariedades y, en segundo término, consolidando un Estado social y democrático de Derecho, pues los derechos fundamentales son inviolables e inalienables, limitándose los Estados a reconocerlos y protegerlos, de tal forma que un Estado es tanto más democrático cuanto más garantiza los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La última garantía de los administrados en un Estado de Derecho es la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos siendo, en consecuencia, los Tribunales de Justicia los que perfilan el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos.