La actividad económica es, a veces, limitada por razones de interés público. Concurren valores adicionales que condicionan la actividad económica. Una de estas actividades es, precisamente, la actividad de juego. Liberalizada y admitida plenamente como una actividad económica es, sin embargo, objeto de limitaciones y matizaciones por razón de la población a la que se busca proteger y de los valores que se considera deben predominar sobre la actividad económica. En este esquema se produce una amplia actividad de limitación para preservar estos valores que lleva al Estado y, en general, a los Poderes Públicos a establecer límites a la propia actividad y, sobre todo, a sus elementos más característicos como son las actividades de publicidad, difusión y conocimiento. Todas ellas han resultado muy mermadas. La gran paradoja en la conformación del mercado de operadores de juego es que estas limitaciones y este marco, en general, coincide en el tiempo y el espacio con una conformación en la que los Poderes Públicos son, adicionalmente, a su condición de reguladores los principales operadores y agentes de la actividad. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.